domingo 24 de octubre de 2010

MEXICO. Intolerancia Religiosa en el Estado de Chiapas.

Familia expulsada de Chilil por no renunciar a su fe.

Desde hace varios años los cristianos evangélicos de Chiapas, México, están siendo víctimas de violentas persecuciones. Por un lado la comunidad católica que impera en toda la región hace todo lo posible por boicotear cualquier actividad por parte de los creyentes. Esto no sólo respecto a actividades religiosas sino aún civiles, como enviar a sus hijos a la escuela, ser reconocidos como ciudadanos con derecho a vivir en ese lugar, etc., y esto de manera oficial, con el aval de los líderes municipales de dicha región.

Por otro lado, también el ejército Zapatista, o al menos algunos de sus miembros, han tomado represalias contra estos hermanos en la fe por el simple hecho de ser protestantes.

Los sufrimientos que viven los evangélicos en Chiapas son de muy diversa índole, incluyen palizas, asesinatos, lectura de actas oficiales en las que se les desconoce como miembros civiles de la comunidad y se les exige abandonarla, destrucción de iglesias/templos donde se reúnen, corte del suministro de agua de las casas de los evangélicos por no colaborar económicamente en celebraciones católicas, etc.

En este contexto de persecución endémica, tuvieron lugar los hechos de 22 de noviembre de 2009: 22 evangélicos, incluida una mujer embarazada, fueron expulsados de la comunidad Lázaro Cárdenas, Chilil, Municipio de Huixtán, Chiapas, por profesar un religión diferente a la católica y negarse a participar en las festividades católicas de la comunidad. De éstas, 11 personas fueron albergadas en las instalaciones de la Albarrada-SEPI en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Además de 11 personas que permanecen desplazadas en el Ejido Pedernal. Después de casi 11 meses de ser expulsados de su comunidad, los adultos perdieron sus trabajos y derechos ejidales; los niños sus estudios; las familias sus casas, pertenencias, cultivos y animales; su paz y su dignidad.

Tras la denuncia de estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México ha librado la recomendación 53/2010 de 30 de Septiembre, dirigida a determinadas autoridades del Estado de Chiapas: Gobernador, Presidente de la Mesa del Congreso y miembros del Ayuntamiento de Huixtán, instándoles a adoptar medidas para promover la convivencia pacífica y el respeto al derecho de libertad de creencia. Esta recomendación, no es de obligado cumplimiento, pero no puede ser desoída. Es además un precedente importante a la hora de encarar sucesos similares.